Ante la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio, se dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continuaran por vías virtuales. Estas medidas pusieron en evidencia la situación de desigualdad que atraviesan las comunidades rurales y  asentamientos informales, particularmente en lo que se refiere a un acceso a internet sumamente deficitario. 

En este contexto, contar con conexión a internet resulta una precondición para poder acceder a otros derechos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a vincularse con otras personas.